- El legislador de morena presentó una iniciativa para proteger la soberanía popular y garantizar elecciones libres de injerencias externas.
- La propuesta contempla elecciones de gubernatura, diputaciones locales, ayuntamientos y cargos del Poder Judicial, cuando se acredite que la intervención extranjera influyó en los resultados.
Toluca, Estado de México, 11 de noviembre de 2026.– Con el objetivo de fortalecer la democracia, proteger la voluntad ciudadana y evitar que intereses extranjeros intervengan en las decisiones políticas de las y los mexiquenses, el diputado Maurilio Hernández González, integrante del Grupo Parlamentario de morena, presentó durante sesión plenaria de la LXII Legislatura una iniciativa para incorporar expresamente la intervención extranjera como causal de nulidad de elecciones en el Estado de México.
La propuesta plantea reformar el párrafo décimo primero del artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, a fin de armonizar la legislación estatal con las disposiciones constitucionales federales y establecer mecanismos jurídicos que permitan actuar cuando se compruebe la existencia de injerencias externas capaces de alterar los resultados electorales.
El legislador destacó en la exposición de motivos que la democracia mexicana es resultado de décadas de luchas sociales y transformaciones políticas, por lo que su defensa exige actualizar las instituciones y los instrumentos legales frente a nuevas formas de intervención que ponen en riesgo la autenticidad del voto y la independencia de las decisiones ciudadanas.
La iniciativa advierte que, en el contexto internacional, las formas de interferencia electoral han evolucionado. Actualmente pueden manifestarse mediante financiamiento irregular de campañas, ciberataques, operaciones coordinadas de desinformación, manipulación digital y presiones políticas provenientes de actores externos.
En este sentido, Hernández González plantea que ninguna persona, organización o gobierno extranjero debe tener capacidad para alterar la voluntad de quienes participan legítimamente en los procesos democráticos del país.
La soberanía popular constituye el principio central de la propuesta, bajo la premisa de que corresponde exclusivamente a las mexicanas y los mexicanos decidir quiénes ocuparán los cargos de representación y responsabilidad pública.
La reforma busca que la legislación estatal contemple expresamente la nulidad de elecciones cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados, además de las causales relacionadas con el rebase de topes de gastos de campaña, adquisición de tiempos no autorizados en radio o televisión y utilización de recursos de procedencia ilícita.
Un aspecto relevante de la iniciativa es que su alcance incluye no solamente las elecciones tradicionales de gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, sino también los procesos de elección de magistradas, magistrados, juezas y jueces del Poder Judicial del Estado de México.
De esta manera, se pretende que todos los procesos mediante los cuales la ciudadanía elige a sus autoridades cuenten con herramientas constitucionales para protegerse frente a posibles intervenciones externas.
La propuesta también reconoce la importancia de establecer criterios jurídicos claros para determinar cuándo existe una injerencia extranjera y cuáles son sus efectos sobre una elección, de manera que las autoridades electorales puedan resolver con sustento legal y elementos objetivos.
Asimismo, establece que el Tribunal Electoral únicamente podrá declarar la nulidad de una elección cuando se actualice alguna de las causales expresamente previstas en la legislación, con lo cual se busca fortalecer la certeza jurídica y evitar decisiones arbitrarias.
En el planteamiento presentado ante el Pleno, el diputado de morena también expone la necesidad de armonizar el marco jurídico mexiquense con la reforma constitucional federal en esta materia, para que las instituciones locales cuenten con disposiciones acordes con los nuevos desafíos que enfrenta la democracia.
De acuerdo con el proyecto de decreto, la reforma sería aplicable a partir del proceso electoral local 2029-2030. Además, se contempla un plazo máximo de 180 días, contado desde su entrada en vigor, para realizar las adecuaciones correspondientes al Código Electoral del Estado de México, respetando los plazos constitucionales en materia electoral.
Con esta iniciativa, Maurilio Hernández González busca fortalecer la protección de los procesos democráticos en la entidad y colocar en el debate legislativo la necesidad de impedir que intereses ajenos a la ciudadanía determinen el rumbo político del Estado de México.