Toluca, Méx., a 30 de septiembre de 2020. La diputada Elizabeth Millán García presentó una iniciativa para evitar el decomiso de mercancía lícita a vendedores de la vía pública, y que las diligencias de verificación se lleven a cabo en un marco de legalidad.
La legisladora sostuvo que en junio, el IMSS reportó la caída de 83 mil 311 puestos laborales derivados de la emergencia sanitaria, que el Gobierno federal decretó el 30 de marzo cuando suspendió actividades económicas no esenciales y decretó confinamiento para evitar propagación del virus.
“Esta situación ha llevado a que se incremente de manera considerable la cifra de mexiquenses que han decidió recurrir al auto empleo y busquen reactivar la economía familiar a través de la comercialización de bienes y artículos de primera necesidad en la vía pública”, informó Millán.
Sin embargo, la legisladora denunció que también ha propiciado diversos casos de abuso de autoridad de servidores públicos, con supuestas órdenes para llevar a cabo inspecciones y verificaciones, que en la mayoría de los casos carecen de sustento legal.
Las inspecciones terminan en el decomiso, aseguramiento y destrucción de mercancías y productos que son fuente de ingreso de aquellas personas que tienen la necesidad de llevar sustento a sus familias sin la necesidad de delinquir.
Por lo que la iniciativa busca reformar la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y del Código Administrativo del Estado de México, para que ningún bando municipal permita el decomiso de mercancía como pena o sanción, siempre y cuando esta sea de procedencia licita.
Y pretende que los inspectores de cualquier orden de gobierno, puedan ser verificados por cualquier ciudadano y que a las personas a quienes van dirigidos estos actos de autoridad constaten en tiempo real la autenticidad y legalidad de las diligencias.
Plantea que la Secretaría de la Contraloría celebrará convenios que coadyuven al objeto del Registro Estatal de Inspectores con otros poderes públicos del Estado de México, ayuntamientos, entidades públicas federales y estatales, así como con organismos autónomos, con la finalidad de mantener actualizado dicho Registro Estatal.
La Secretaría de la Contraloría y los órganos de control municipales vigilarán que el sistema de consulta se encuentre en funcionamiento, para que la información proporcionada por las autoridades, pueda ser consultada en tiempo real.