- Señalan deficiencias en diversos municipios; Consejo Ciudadano pide mayor monitoreo sobre la aplicación de los recursos.
En la mayoría de los 11 municipios con Alertas de Violencia de Género (AVGM) por feminicidio y por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres existen políticas públicas exitosas que deben replicarse en todos los municipios, no obstante, también se encontraron deficiencias y se emitieron recomendaciones para que mejoren la capacitación y la atención en sus unidades de análisis y contexto, el equipamiento vehicular, los refugios, los memoriales y los espacios públicos rescatados.
Así lo dio a conocer la diputada Karina Labastida Sotelo (Morena), presidenta de la Comisión Para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición del Congreso local, al rendir el informe de los resultados de las inspecciones físicas de bienes y servicios adquiridos con los recursos de las AVGM del ejercicio fiscal 2022, por 80 millones de pesos.
En reunión con integrantes del Consejo Estatal Ciudadano previsto en la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición y del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, así como de María Luisa Cienfuegos Gutiérrez, directora General de Prevención y Atención a la Violencia de la Secretaría de las Mujeres, la legisladora señaló que el informe será presentado a la próxima gobernadora de la entidad, Delfina Gómez Álvarez, y a quien sea titular de la Secretaría de las Mujeres, para dar continuidad a las recomendaciones para los municipios y la propia secretaría.
En la mesa de trabajo, en la que estuvo presente de manera virtual la legisladora Isabel Sánchez Holguín (PRI), Labastida Sotelo resaltó que los recorridos realizados en los 11 municipios (Nezahualcóyotl, Chalco, Chimalhuacán, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Valle de Chalco y Toluca) del 15 de marzo al 16 de agosto contribuirán a fortalecer las acciones en las municipalidades que no han cumplido.
Dentro de las prácticas destacables se enlistaron el Sistema VIVE Mujer en Naucalpan que es un sistema electrónico de registro único de víctimas; el Centro de Control para la Prevención de la Violencia contra Niñas, Adolescentes y Mujeres del Valle de Chalco conformado por 31 cámaras de video vigilancia y pantallas de monitoreo del Sistema de Control de Violencia de Género contra las Mujeres.
El sistema de redes vecinales de Nezahualcóyotl y de Cuautitlán Izcalli donde seguridad pública se mantiene en contacto con la ciudadanía vía WhatsApp; el edificio rosa de violencia de género de Valle de Chalco que brinda atención integral en un solo espacio; el violentómetro especializado para niñas y niños de Tultitlán con un lenguaje más comprensivo y distribuido en los sistemas educativos.
El Seguro Violeta de Tultitlán con el que se aporta un apoyo económico y atención integral de las víctimas de violencia de género; la pizarra de acrílico para la búsqueda de personas de Toluca para difundir boletines de búsqueda de personas desaparecidas; los botones de pánico y su vinculación con la Secretaría de Seguridad Municipal y la Unidad de Análisis y Contexto de Nezahualcóyotl para atención inmediata de llamadas de auxilio.
Así como la evaluación de riesgo feminicida de Tlalnepantla para mejorar la identificación de zonas con focos rojos; y la recuperación, rehabilitación y apropiación de espacios públicos con perspectiva de género en todos los municipios alertados para recuperar espacios identificados con violencia.
Por otro lado, entre las principales observaciones, la comisión legislativa detectó que en las unidades de análisis y contexto no existe uniformidad en el nombre, los perfiles, las funciones y la operación y que aún no se sabe si las unidades tienen buenos resultados porque llevan poco tiempo y no tienen vinculación total con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Que hay vehículos de la policía de género y célula de búsqueda sin circular porque algunos no tienen placas de circulación y otros están en mantenimiento; que en el equipamiento de oficinas municipales vinculadas a la atención de las mujeres víctimas de violencia hay computadoras sin uso; que hay áreas donde no tienen privacidad las víctimas; así como que en las casas de pernocta/refugios se detectó que las pintaron solo porque habría inspecciones y que no formaban parte de la red de refugios.
Sobre la capacitación, se detectó que hay mucha rotación del personal certificado que dificulta la atención real a víctimas, por lo que se sugiere impulsar el servicio profesional de carrera; y respecto a los memoriales por las víctimas se observó un sobreprecio en su construcción y sin consulta con familiares de las víctimas.
Integrantes del Consejo Estatal Ciudadano coincidieron en que lo realizado por los municipios no ha sido suficiente y se necesita un mayor monitoreo sobre la aplicación de recursos públicos, denunciaron que en muchas localidades hubo simulación con las políticas públicas, que había rotación o despido de personal certificado, y que los memoriales representan un gasto costoso e innecesario porque no existe identidad con los familiares de las víctimas.
Al respecto, la diputada Karina Labastida invitó a retroalimentar el informe con observaciones máximo hasta el 13 de septiembre para entregar el documento final el 15 de septiembre a la siguiente administración estatal.