- El diputado cuestiona la falta de resultados judiciales por el caso del C-4 Jaguar y pide la intervención de Claudia Sheinbaum, Delfina Gómez y Omar García Harfuch para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
El caso del presunto centro clandestino de espionaje en Ecatepec sigue generando cuestionamientos. El diputado local Octavio Martínez Vargas exigió esclarecer quién autorizó y operó esta infraestructura durante la administración del entonces alcalde Fernando Vilchis Contreras, así como determinar si existieron vínculos con estructuras delictivas.
Bajo la interrogante “¿Quién protege a Fernando Vilchis?”, el legislador señaló que, pese a las denuncias sobre el funcionamiento de un supuesto centro alterno de monitoreo relacionado con el sistema de videovigilancia C-4 Jaguar, todavía no se conocen resultados judiciales concluyentes que permitan establecer responsabilidades.
De acuerdo con el pronunciamiento de Martínez Vargas, el C-4 Jaguar fue contratado sin licitación, presuntamente en contravención de las disposiciones legales aplicables. Además, sostuvo que el sistema contaba con un espejo de monitoreo instalado clandestinamente en Santa Cruz Venta de Carpio, bajo la fachada de un establecimiento dedicado a la conversión de vehículos de gasolina a gas.
El diputado advirtió que esta instalación habría tenido acceso a las imágenes captadas por cámaras distribuidas en vialidades principales, colonias, zonas industriales y comerciales de Ecatepec, por lo que pidió investigar quién tenía el control de la información y cuál fue su verdadero propósito.
Entre las hipótesis que planteó está la posibilidad de que el sistema hubiera sido utilizado para alertar a grupos delictivos sobre los movimientos de las fuerzas federales o facilitar otras actividades ilícitas. También señaló la cercanía de algunas cámaras con ductos de hidrocarburos, zonas relacionadas con el robo de agua y presuntos puntos de venta de drogas.
Estos señalamientos, que hasta ahora no constituyen por sí mismos una responsabilidad penal acreditada, requieren ser esclarecidos mediante investigaciones ministeriales.
EL CATEO Y LOS EQUIPOS ASEGURADOS
El caso adquirió relevancia pública luego de que, el 30 de julio de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con apoyo de la Marina y otras autoridades, realizara un cateo en un inmueble de Santa Cruz Venta de Carpio, donde se reportó el aseguramiento de equipo tecnológico cuyo valor fue estimado en aproximadamente 20 millones de pesos.
Posteriormente, en enero de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó públicamente que existía una investigación en curso, aunque señaló que no podía proporcionar mayores detalles.
Este antecedente coloca nuevamente el tema en la agenda pública y plantea interrogantes sobre los avances de las indagatorias, el destino de los equipos asegurados y las posibles responsabilidades de quienes participaron en la operación del inmueble.
PIDEN INTERVENCIÓN DE SHEINBAUM, DELFINA Y HARFUCH
Ante este escenario, Octavio Martínez Vargas solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de la gobernadora mexiquense Delfina Gómez Álvarez y del secretario Omar García Harfuch, para que se dé seguimiento al caso y se garantice el esclarecimiento de los hechos.
El legislador demandó que la Fiscalía mexiquense informe sobre los avances de la investigación, identifique a los responsables de autorizar, instalar y operar el presunto centro alterno de monitoreo y determine si existieron conexiones con organizaciones criminales.
La pregunta que coloca el diputado en el centro de la discusión es directa: ¿quién responde por el uso de un sistema de videovigilancia que, según sus denuncias, pudo haber sido utilizado con fines distintos a la seguridad pública?
Más allá de las acusaciones, el caso exige transparencia institucional, resultados de las investigaciones y, en caso de acreditarse delitos, que se proceda legalmente contra quienes resulten responsables.